Morelia, Michoacán.- A la par de que arranca el proceso electoral más grande que ha vivido Michoacán, con gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y federales en una misma boleta, se instaló una discusión incómoda: qué tan protegida está esa elección frente al crimen organizado.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostiene que hay un blindaje pleno y lo explica en dos momentos. El primero, en el registro de candidaturas, con revisión de antecedentes penales, investigaciones abiertas y posibles señalamientos de lavado de dinero. El segundo, ya con la elección encima, mediante la anulación de casillas donde se compruebe injerencia ilegal.
Voces de la academia y de medios locales matizan ese optimismo. Recuerdan que en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó presencia criminal y anuló casillas en Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, cerca de 47 mil votos, el 2.71 por ciento del total estatal. El punto que señalan es que la ley exige acreditar irregularidades en al menos el 20 por ciento de las casillas para tumbar una elección, un umbral muy difícil de probar.
Desde el árbitro federal, el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, puso sobre la mesa un límite práctico: la verificación de los candidatos depende de la voluntad de los órganos electorales y choca con el derecho de toda persona a ser votada.
A esa tensión se suma la del presupuesto. El IEM pidió 25 millones de pesos adicionales para el Programa de Resultados Electorales Preliminares y para papelería, pero el gobernador respondió que este año no habrá más recursos. La contienda, entonces, llega con el discurso del blindaje por delante y con las dudas de siempre atrás.
