El Congreso de Michoacán aprobó una reforma que reconoce a rango constitucional un conjunto de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos la autonomía, el ejercicio directo del presupuesto y los derechos de las mujeres.
La reforma abrió la puerta al llamado cuarto nivel de gobierno, bajo el cual decenas de comunidades administran sus propios recursos y toman decisiones en su territorio. Con ello, Michoacán se colocó entre las entidades con un marco más amplio en la materia.
De acuerdo con el nuevo texto, las comunidades pueden ejercer su libre determinación, elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres, y recibir recursos de forma directa. La medida responde a una demanda histórica de los pueblos originarios.
Para la región purépecha, cercana a Quiroga, la reforma tiene un peso particular, pues ahí se concentra buena parte de las comunidades que han optado por el autogobierno. El cambio, señalan, modifica la relación con los ayuntamientos y con el gobierno estatal.
Los promotores de la reforma sostuvieron que el reconocimiento constitucional da certeza jurídica a un proceso que ya estaba en marcha. El reto, reconocieron, será garantizar que los recursos se manejen con transparencia y se rindan cuentas a las asambleas.
Con la reforma, las comunidades que cumplan los requisitos podrán solicitar su tránsito al autogobierno. Las autoridades estatales adelantaron que acompañarán ese proceso con asesoría y con reglas para la administración de los fondos.
